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28.08.2020

Declaración de REDCOM ante el DNU 690

 

 

La actual situación de aislamiento y distanciamiento obligatorio dispuesto por la pandemia de Covid-19 puso en evidencia la centralidad de los soportes tecnológicos para el ejercicio de derechos. Hoy, los derechos a la educación, a la cultura, al trabajo, a la libre expresión y a la asociación, entre otros, se ejercen en su mayoría mediados tecnológicamente y para ello se utilizan servicios comunicacionales que son prestados en condiciones monopólicas en algunos casos, oligopólicas o con profundas asimetrías entre prestadores en otros, y con enormes inequidades de calidad, costo y alcance en función de la radicación geográfica de los usuarios y usuarias.

El establecimiento del servicio público para la Telefonía móvil, la Conectividad a Internet y la Televisión por suscripción y la suspensión en el aumento de tarifas impacta entonces sobre mercados altamente concentrados económica y geográficamente, con calidades y costos fuertemente desequilibrados territorialmente.

El Decreto de Necesidad y Urgencia nunca se presenta como una vía deseable para avanzar en la regulación. Sin embargo, la inminencia de un nuevo aumento de tarifas y la negativa de acompañar un normal funcionamiento legislativo por parte de distintos sectores políticos permiten comprender y acompañar la decisión adoptada.
Como hemos señalado en diferentes momentos, la liberalización y concentración de la comunicación en Argentina fue profundizada por el gobierno de Mauricio Macri alterando las leyes 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y 27078 Argentina Digital en un sentido acorde a los intereses empresarios y en desmedro de la ciudadanía. De ese modo, se convirtió a la TV paga en Servicio TIC extrayéndola de las regulaciones audiovisuales de límites a la concentración, tarifa social, cuotas de pantalla, must carry, etc.

La definición de servicio público es reconocida por los principales países del mundo sobre el entendimiento de que es el Estado quien debe velar por la continuidad, adaptabilidad y universalidad de los servicios que afectan a la totalidad o a la gran mayoría de la población. Esa intervención estatal debe centrarse, entre otros aspectos, en el aseguramiento de tarifas justas y razonables (mayoristas entre prestadores y para el usuario final), en procurar la mejor calidad de servicio posible y una cobertura que apunte a la universalidad. Asimismo, debe exigirse la garantía de una prestación básica universal, como lo contempla la reciente decisión del Poder Ejecutivo.

Por ello, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo REDCOM expresa su apoyo a la decisión adoptada e insta a la autoridad de aplicación a la convocatoria, con la mayor premura posible, a las empresas y cooperativas prestadoras, a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y a las de usuarios y usuarias para avanzar en una reglamentación participativa que contemple las preocupaciones de todos los sectores afectados pero que, sobre todo, vele por los derechos de la ciudadanía.

Finalmente, desde REDCOM proponemos la articulación productiva de esta iniciativa con las experiencias de conectividad comunitaria y popular y con políticas orientadas a la equidad digital en sus vinculaciones virtuosas con el sistema educativo público.

Agosto, 2020.