Las asociaciones que nucleamos a las carreras universitarias de Comunicación y Periodismo de nuestro país manifestamos nuestra preocupación por la imputación judicial en curso a la titular de la Defensoría del Público de la Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, sustentada en una supuesta amenaza a la libertad de expresión producto de la decisión institucional de la creación de un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales.
Cabe recordar que la Defensoría del Público es un ente autárquico que nació con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522/09), que tiene como misión promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias en todo el territorio nacional y carece de cualquier capacidad punitiva.
Desde su creación la Defensoría lleva a cabo valiosas iniciativas de análisis y monitoreo de medios, que se hicieron públicas sistemáticamente, sobre el tratamiento de casos de violencia de género, estigmatización de la pobreza, minorías, disidencias, entre otras. Asimismo, la Defensoría impulsó proyectos de investigación orientados conjuntamente con el CONICET, Universidades Públicas y Privadas de los cuales nuestras carreras participaron activamente.
A partir de estas investigaciones, la Defensoría produjo guías orientativas para el tratamiento periodístico responsable de noticias policiales, de violencia institucional, de las situaciones de crisis, de casos de violencia contra las mujeres y de las identidades de género que fueran saludadas por la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Además, ha generado innumerables acciones de capacitación para comunicadores y periodistas en asociación con entidades públicas y privadas a lo largo y ancho del país.
El hostigamiento mediático y la judicialización de una iniciativa de investigación y monitoreo de noticias o informaciones ya emitidas, como las que la Defensoría del Público viene desarrollando desde su creación, funciona como pretexto para acallar la voz de un organismo autárquico. Cabe recordar que la Defensoría, dependiente de una Comisión Bicameral parlamentaria con representación de las diferentes minorías políticas, sufrió durante el gobierno de la Alianza Cambiemos primero una situación de acefalía y luego una intervención irregular que no tuvo otro objetivo que el vaciamiento de sus acciones y objetivos fundacionales.
La actual situación de judicialización constituye entonces un acto de suma gravedad, puesto que avasalla el bien que pretende tutelar: el derecho a la libertad de expresión. Sobre todo, si se tiene en cuenta que las acciones de la Defensoría, producto de la norma que regula su accionar, no tienen ninguna capacidad de sanción a sujetos físicos o jurídicos. Como es de público conocimiento, la actividad de la Defensoría del Público consiste únicamente en la recepción de denuncias de los usuarios y usuarias del sistema de medios, la investigación, la capacitación y la elaboración de recomendaciones y no la sanción a medios, periodistas o comunicadores.
Por todo lo expuesto, defendemos la labor de una institución prestigiosa como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y repudiamos la persecución judicial a su titular por parte de los mismos sectores políticos que denuncian periodistas y buscan inhabilitar las actividades de un ente autárquico que a lo largo de los años ha generado evidencia suficiente de su contribución a la existencia de un debate público diverso, plural y democrático.
Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS)
Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM)
